En su edición del 17 de julio, el diario EL PAÍS publicó una noticia con los resultados de un barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre la valoración ciudadana de los diecisiete presidentes autonómicos. Según la muestra, Paulino Rivero es el presidente peor valorado por la ciudadanía y ocupa el último puesto de la fila.
No puedo decir que esos datos me hayan sorprendido. Sorprende más que el actual presidente del gobierno de Canarias, a pesar de conocer el suspenso con el que los canarios valoramos su gestión, esté empezando a mover sus fichas para repetir como candidato de Coalición Canaria en las próximas elecciones autonómicas. Su ambición no tiene límites. Y sorprende aún más que tenga posibilidades de alcanzar su objetivo.
De todas formas, me resulta descorazonador lo que se ha hecho en estas islas durante los últimos diecisiete años y lo que todavía se puede hacer con nuestra tierra. No deja de ser significativo que en todo ese tiempo, durante el que Coalición Canaria ha protagonizado la vida política en Canarias, no haya repetido ningún presidente. Primero fue Manuel Hermoso, luego Román Rodríguez, después Adán Martín y hoy Paulino Rivero. Alternancia de personas en el cargo que se viene repitiendo desde que el primero de ellos, allá por el año 1993, siendo vicepresidente, optara por dar un empujón fuera del terrero a quien era su socio en el gobierno, Jerónimo Saavedra. Y digo que es significativa esa sucesión de personas distintas porque no se ha dado en ninguna otra comunidad autónoma del estado. Si pensamos en otros territorios en los que en los últimos quince años haya gobernado la misma fuerza política comprobamos que lo normal es que una persona repita como candidato y presidente más de una vez. Pienso en Galicia, Extremadura, Cataluña, País Vasco, Andalucía y algunas otras. Son comunidades en las que un partido lleva mucho tiempo gobernando y una persona se distingue por abanderar esos proyectos. Podemos estar de acuerdo con esas personas y con esos proyectos o no, pero ahí están. Fraga en Galicia, lendakaris en el País Vasco que, aunque cambian, no lo hacen cada cuatro años, Jordi Puyol en Cataluña, Manuel Chaves en Andalucía, Ibarra en Extremadura, etc. Son personas que abanderan un proyecto y durante un tiempo lo escenifican, lo llevan a la práctica, lo dirigen. Es decir, que hay un proyecto. Y un proyecto de futuro, más o menos perverso, más o menos esperanzador, pero proyecto al fin y al cabo.
En Canarias no. En Coalición Canaria nadie tiene un proyecto de futuro para estas islas y nunca lo ha habido. Jamás. Lo que hay son ambiciones personales porque Coalición Canaria nace de la conjunción de muchas ambiciones personales y empresariales. Lo que hay en Canarias son personas que cada cuatro años empiezan a dar codazos a diestro y siniestro buscando posicionarse en el primer puesto de salida para llegar a ser candidato a la presidencia y, pasado el trámite burocrático de las elecciones, presidente. Por eso en Canarias nadie abandera un proyecto. Porque no hay un proyecto político. Y las consecuencias de esto son muy graves. Las islas navegan a la deriva hacia un futuro político y económico que nadie sabe muy bien por dónde nos llevará y a dónde nos conducirá.
Una de las consecuencias de esto (una de las muchas que se pueden desprender de esta situación) es la instrumentalización que esas personas hacen en beneficio propio de las administraciones públicas. Después de haber conseguido los apoyos necesarios para lograr ser candidato dentro del partido, quien consigue el nombramiento de presidente luego tiene que pagar esos favores prestados. Y una de las primeras formas de hacerlo es el reparto de los puestos en la administración. Después de cada elección autonómica, en el seno de la administración de la comunidad autónoma se produce un auténtico terremoto organizativo provocado por las destituciones de directores generales y altos cargos y los nombramientos de los nuevos. Unas veces el apoyo llega desde dentro de la propia Coalición Canaria a través de las islas más pequeñas. Entonces hay que repartir las consejerías entre esos aliados, y esta consejería, con todas sus direcciones generales es para los majoreros, y esta otra para los herreños, y para los palmeros estas direcciones generales y estas viceconsejerías. Para los conejeros y gomeros, como no apoyaron tanto, se quedan con sólo una o dos direcciones generales bajo la vigilancia de un consejero de la línea que sí apoyó. Otras veces el apoyo para ser presidente viene vía parlamentaria desde otro partido (como ocurre en la actualidad, porque Coalición Canaria ya es incapaz de aglutinar el apoyo masivo de la gente de la calle al haber perdido peso político elección tras elección), y entonces el reparto es entre partidos. Estas consejerías para ti y estas otras para mí. Y si a ese partido que apoyó no le interesa, por la razón que sea, una parte de una de las consejerías que le tocó en el reparto no pasa nada, se rompe la consejería y para ti este trozo, yo me quedo con el otro. Así, en más de una ocasión, al tomar posesión un gobierno en Canarias, las consejerías se rompen en cachos y se vuelven a armar, como si de un mecano se tratara, en función de los intereses partidistas, personales y empresariales de quienes se van a encargar de la gestión de la cosa pública durante los siguientes cuatro años.
Y de esta manera, los directores generales, que debieran ser gestores acreditados de la cosa pública, pasan a convertirse en comisarios políticos nombrados en función de las prebendas políticas prometidas antes de las elecciones o después, si el gobierno es fruto de un pacto parlamentario. Y así se han dado casos en esta administración canaria nuestra de directores generales de transportes que son propietarios de grandes flotas de guaguas, o algún director general de agricultura propietario de grandes terrenos y de cultivos de viñas y plantones de viñas para vender. Es decir, personas con un interés empresarial directo sobre las competencias que debe gestionar desde la imparcialidad y con vocación de prestar un servicio público. Y así nos va.
Con esta forma de actuar, durante estos diecisiete años la administración de la comunidad autónoma se ha ido pudriendo bajo la dirección de esta miríada de comisarios políticos más interesados en sus objetivos partidistas, personales o empresariales que en el bienestar de la sociedad canaria y su futuro político, social o económico.
Y con esa gente ha tenido que lidiar durante todo este tiempo un colectivo de empleados públicos que, obligados a actuar con sujeción a las leyes, muchas veces se ven en la tesitura de enmendarle la plana a los directores generales, viceconsejeros o consejeros con informes técnicos que desacreditan proyectos que éstos quieren imponer aunque sean ilegales. Y ello es así porque la constitución establece que la ley regulará las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones del funcionario público. Esa imparcialidad se constituye, pues, en una garantía para los ciudadanos que, en última instancia, cuentan con empleados públicos que en ocasiones han de constituirse en dique de contención legal de las arbitrariedades de estos gestores políticos.
Pero la cosa puede cambiar. Porque esos gestores, hartos ya de no poder instrumentalizar al cien por cien las administraciones públicas en beneficio propio, preparan hoy en Canarias un proyecto de ley de la Función Pública que, entre otras medidas, prevé la posibilidad de remover de su puesto al funcionario que no se pliegue a los intereses del político de turno a través de un mecanismo, denominado evaluación del desempeño, regulado de una forma tan vaga y abstracta que permite apartar de su puesto a un funcionario sin sujeción a un procedimiento objetivo y transparente (prácticamente a voluntad), además de prever, ese mismo proyecto, la generalización de la libre designación como procedimiento de asignación de puestos funcionariales. Es decir, el político podrá decidir asignar un puesto a un funcionario a dedo y a dedo quitarlo si no hace lo que le pide para poner a otro en su lugar que sí lo haga.
Se trata de algo parecido a lo que se ha hecho con la norma que regula el catálogo de espacies protegidas en Canarias, que podrá desproteger especies en función de los intereses de quien gobierna (ahora, Coalición Canaria). Pues eso que hicieron con el medio ambiente para favorecer la puesta en marcha de proyectos como el puerto de Granadilla, pretende hacerlo ahora en la función pública para apartar sin mayores problemas al funcionario que se empeñe en respetar la legalidad vigente para informar negativamente cualquier proyecto personal, político o empresarial de quien esté al mando en ese momento. Digámoslo claro, se quiere facilitar, con este anteproyecto de ley de la función pública, la instrumentalización de las administraciones públicas en beneficio propio.
Y Paulino Rivero, aprovechando la decadencia cuasi mortal en la que se encuentra Coalición Canaria, que lanza sus últimos estertores como partido político, quiere aprovechar la ausencia de un competidor o competidora en la organización para postularse nuevamente como candidato a la presidencia del gobierno de Canarias y, de esta forma, garantizar dos cosas (entre otras): que la ausencia de proyecto sigue dirigiendo nuestro futuro y la continuidad de una sistema que sacrifica lo público en beneficio de lo privado. Y ello sin importarle un comino que la ciudadanía canaria le haya sacado los colores valorando su gestión como la peor de todas.
Paulino quiere seguir siendo el último de la fila cuatro años más. Y a Canarias que le den.
No puedo decir que esos datos me hayan sorprendido. Sorprende más que el actual presidente del gobierno de Canarias, a pesar de conocer el suspenso con el que los canarios valoramos su gestión, esté empezando a mover sus fichas para repetir como candidato de Coalición Canaria en las próximas elecciones autonómicas. Su ambición no tiene límites. Y sorprende aún más que tenga posibilidades de alcanzar su objetivo.
De todas formas, me resulta descorazonador lo que se ha hecho en estas islas durante los últimos diecisiete años y lo que todavía se puede hacer con nuestra tierra. No deja de ser significativo que en todo ese tiempo, durante el que Coalición Canaria ha protagonizado la vida política en Canarias, no haya repetido ningún presidente. Primero fue Manuel Hermoso, luego Román Rodríguez, después Adán Martín y hoy Paulino Rivero. Alternancia de personas en el cargo que se viene repitiendo desde que el primero de ellos, allá por el año 1993, siendo vicepresidente, optara por dar un empujón fuera del terrero a quien era su socio en el gobierno, Jerónimo Saavedra. Y digo que es significativa esa sucesión de personas distintas porque no se ha dado en ninguna otra comunidad autónoma del estado. Si pensamos en otros territorios en los que en los últimos quince años haya gobernado la misma fuerza política comprobamos que lo normal es que una persona repita como candidato y presidente más de una vez. Pienso en Galicia, Extremadura, Cataluña, País Vasco, Andalucía y algunas otras. Son comunidades en las que un partido lleva mucho tiempo gobernando y una persona se distingue por abanderar esos proyectos. Podemos estar de acuerdo con esas personas y con esos proyectos o no, pero ahí están. Fraga en Galicia, lendakaris en el País Vasco que, aunque cambian, no lo hacen cada cuatro años, Jordi Puyol en Cataluña, Manuel Chaves en Andalucía, Ibarra en Extremadura, etc. Son personas que abanderan un proyecto y durante un tiempo lo escenifican, lo llevan a la práctica, lo dirigen. Es decir, que hay un proyecto. Y un proyecto de futuro, más o menos perverso, más o menos esperanzador, pero proyecto al fin y al cabo.
En Canarias no. En Coalición Canaria nadie tiene un proyecto de futuro para estas islas y nunca lo ha habido. Jamás. Lo que hay son ambiciones personales porque Coalición Canaria nace de la conjunción de muchas ambiciones personales y empresariales. Lo que hay en Canarias son personas que cada cuatro años empiezan a dar codazos a diestro y siniestro buscando posicionarse en el primer puesto de salida para llegar a ser candidato a la presidencia y, pasado el trámite burocrático de las elecciones, presidente. Por eso en Canarias nadie abandera un proyecto. Porque no hay un proyecto político. Y las consecuencias de esto son muy graves. Las islas navegan a la deriva hacia un futuro político y económico que nadie sabe muy bien por dónde nos llevará y a dónde nos conducirá.
Una de las consecuencias de esto (una de las muchas que se pueden desprender de esta situación) es la instrumentalización que esas personas hacen en beneficio propio de las administraciones públicas. Después de haber conseguido los apoyos necesarios para lograr ser candidato dentro del partido, quien consigue el nombramiento de presidente luego tiene que pagar esos favores prestados. Y una de las primeras formas de hacerlo es el reparto de los puestos en la administración. Después de cada elección autonómica, en el seno de la administración de la comunidad autónoma se produce un auténtico terremoto organizativo provocado por las destituciones de directores generales y altos cargos y los nombramientos de los nuevos. Unas veces el apoyo llega desde dentro de la propia Coalición Canaria a través de las islas más pequeñas. Entonces hay que repartir las consejerías entre esos aliados, y esta consejería, con todas sus direcciones generales es para los majoreros, y esta otra para los herreños, y para los palmeros estas direcciones generales y estas viceconsejerías. Para los conejeros y gomeros, como no apoyaron tanto, se quedan con sólo una o dos direcciones generales bajo la vigilancia de un consejero de la línea que sí apoyó. Otras veces el apoyo para ser presidente viene vía parlamentaria desde otro partido (como ocurre en la actualidad, porque Coalición Canaria ya es incapaz de aglutinar el apoyo masivo de la gente de la calle al haber perdido peso político elección tras elección), y entonces el reparto es entre partidos. Estas consejerías para ti y estas otras para mí. Y si a ese partido que apoyó no le interesa, por la razón que sea, una parte de una de las consejerías que le tocó en el reparto no pasa nada, se rompe la consejería y para ti este trozo, yo me quedo con el otro. Así, en más de una ocasión, al tomar posesión un gobierno en Canarias, las consejerías se rompen en cachos y se vuelven a armar, como si de un mecano se tratara, en función de los intereses partidistas, personales y empresariales de quienes se van a encargar de la gestión de la cosa pública durante los siguientes cuatro años.
Y de esta manera, los directores generales, que debieran ser gestores acreditados de la cosa pública, pasan a convertirse en comisarios políticos nombrados en función de las prebendas políticas prometidas antes de las elecciones o después, si el gobierno es fruto de un pacto parlamentario. Y así se han dado casos en esta administración canaria nuestra de directores generales de transportes que son propietarios de grandes flotas de guaguas, o algún director general de agricultura propietario de grandes terrenos y de cultivos de viñas y plantones de viñas para vender. Es decir, personas con un interés empresarial directo sobre las competencias que debe gestionar desde la imparcialidad y con vocación de prestar un servicio público. Y así nos va.
Con esta forma de actuar, durante estos diecisiete años la administración de la comunidad autónoma se ha ido pudriendo bajo la dirección de esta miríada de comisarios políticos más interesados en sus objetivos partidistas, personales o empresariales que en el bienestar de la sociedad canaria y su futuro político, social o económico.
Y con esa gente ha tenido que lidiar durante todo este tiempo un colectivo de empleados públicos que, obligados a actuar con sujeción a las leyes, muchas veces se ven en la tesitura de enmendarle la plana a los directores generales, viceconsejeros o consejeros con informes técnicos que desacreditan proyectos que éstos quieren imponer aunque sean ilegales. Y ello es así porque la constitución establece que la ley regulará las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones del funcionario público. Esa imparcialidad se constituye, pues, en una garantía para los ciudadanos que, en última instancia, cuentan con empleados públicos que en ocasiones han de constituirse en dique de contención legal de las arbitrariedades de estos gestores políticos.
Pero la cosa puede cambiar. Porque esos gestores, hartos ya de no poder instrumentalizar al cien por cien las administraciones públicas en beneficio propio, preparan hoy en Canarias un proyecto de ley de la Función Pública que, entre otras medidas, prevé la posibilidad de remover de su puesto al funcionario que no se pliegue a los intereses del político de turno a través de un mecanismo, denominado evaluación del desempeño, regulado de una forma tan vaga y abstracta que permite apartar de su puesto a un funcionario sin sujeción a un procedimiento objetivo y transparente (prácticamente a voluntad), además de prever, ese mismo proyecto, la generalización de la libre designación como procedimiento de asignación de puestos funcionariales. Es decir, el político podrá decidir asignar un puesto a un funcionario a dedo y a dedo quitarlo si no hace lo que le pide para poner a otro en su lugar que sí lo haga.
Se trata de algo parecido a lo que se ha hecho con la norma que regula el catálogo de espacies protegidas en Canarias, que podrá desproteger especies en función de los intereses de quien gobierna (ahora, Coalición Canaria). Pues eso que hicieron con el medio ambiente para favorecer la puesta en marcha de proyectos como el puerto de Granadilla, pretende hacerlo ahora en la función pública para apartar sin mayores problemas al funcionario que se empeñe en respetar la legalidad vigente para informar negativamente cualquier proyecto personal, político o empresarial de quien esté al mando en ese momento. Digámoslo claro, se quiere facilitar, con este anteproyecto de ley de la función pública, la instrumentalización de las administraciones públicas en beneficio propio.
Y Paulino Rivero, aprovechando la decadencia cuasi mortal en la que se encuentra Coalición Canaria, que lanza sus últimos estertores como partido político, quiere aprovechar la ausencia de un competidor o competidora en la organización para postularse nuevamente como candidato a la presidencia del gobierno de Canarias y, de esta forma, garantizar dos cosas (entre otras): que la ausencia de proyecto sigue dirigiendo nuestro futuro y la continuidad de una sistema que sacrifica lo público en beneficio de lo privado. Y ello sin importarle un comino que la ciudadanía canaria le haya sacado los colores valorando su gestión como la peor de todas.
Paulino quiere seguir siendo el último de la fila cuatro años más. Y a Canarias que le den.
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